Sevilla, Silvia Soto, dio ayer un nuevo giro de timón a las diligencias abiertas por el escándalo de las facturas falsas en el distrito Macarena, al ordenar que se amplíe la investigación a otras seis obras realizadas en el barrio de la Barzola. El auto del juzgado acuerda que se tome declaración, en calidad de imputados, al presidente de la asociación de vecinos de la Barzola, José Medina Domínguez, que aparecía como adjudicatario de una de las obras aunque el líder vecinal niega haber cobrado el dinero, y a los representantes de las empresas Albañilería y Obras Vivcón S. L. y Construcciones y Reformas Manuel Romero Sosa, que realizaron las obras ahora cuestionadas.
La juez considera con respecto a estas facturas que si bien podrían ser "hechos distintos" en los que podrían encontrarse implicadas otras personas diferentes a las que ya están imputadas en el sumario, los hechos a investigar "tiene una íntima relación con los investigados en esta causa". Así, el auto señala que los pagos se realizaron dentro de la misma cuenta acreditativa por inversión de fondos a justificar, al igual que las otras 28 obras, entre las que se encuentran las dos facturas falsas por la demolición de la capilla de San Diego. De esta forma, la instructora considera "procedente" ampliar la investigación a las nuevas facturas sospechosas, una decisión que corrige la resolución que adoptó la titular del juzgado cuando la acusación particular que ejerce el Pardido Andalucista solicitó que se investigaran estos nuevos hechos.
El cambio de postura se ha producido después de que la Fiscalía de Sevilla se adhiriera al recurso presentado por el PA. El teniente fiscal de la Audiencia, Antonio Ocaña, que dirige personalmente la acusación pública en esta causa, remitió a este respecto un escrito al juzgado en el que consideró que las nuevas irregularidades denunciadas por los andalucistas constituían un posible "delito único o continuado de malversación" que, en su opinión, no debían ser enjuiciados en procedimientos separados.
Las obras que serán investigadas se corresponden con un supuesto pago de 1.960 euros a José Medina por la realización de unos trabajos en el barrio de la Barzola; otras dos facturas de 1.581,94 y 2.208,64 euros que percibió Vivcón por unas obras que según la Fiscalía pueden estar "duplicadas"; y dos pagos de 2.361,61 y 2.362,37 euros a Construcciones y Reformas Manuel Romero Sosa que pueden haber sido duplicadas, según las acusaciones.
La juez ha acordado solicitar al Ayuntamiento de Sevilla la documentación original que exista sobre estas seis obras, incluyendo el presupuesto y las facturas, así como las copias de los talones con los que se abonaron dichas órdenes de actuación urgente. Cuando el juzgado reciba esta información, ordenará a los peritos que ya examinaron las otras 28 obras que realicen un informe pericial sobre las nuevas facturas que se encuentran bajo sospecha.
El portavoz del grupo municipal del PA en el Ayuntamiento de Sevilla, Agustín Villar, valoró ayer la ampliación de la investigación por cuanto, según dijo, "viene a dar la razón al PA y coincide con todos los autos judiciales en los que quedan exculpados los concejales andalucistas". El dirigente andalucista y candidato a la alcaldía acusó al PSOE de usar la "táctica del ventilador" pero con esta resolución judicial "queda claro que no todos somos iguales: hoy por hoy los que están sentados en el banquillo son los responsables del PSOE, que han protagonizado el mayor escándalo político en la historia del Ayuntamiento".
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El empresario José Pardo, imputado por haber cobrado supuestamente dos facturas falsas del Ayuntamiento de Sevilla, ha reconocido ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla que cobró dos facturas de 4.800 euros por dos trabajos que no había realizado. Y explicó que el ex secretario del Distrito Macarena, José Marín, fue "avisado" de que las dos obras que cobró y no hizo jamás estaban sin ejecutar.
El empresario aclaró que "sí estaba realizada la inversión y el gasto". "Fuimos dos veces con la maquinaria y los camiones" a la barriada de San Diego (Sevilla) para demoler dos construcciones, contó.
El dinero recibido irregularmente compensaba, según el imputado, "pequeños trabajitos" que sí estaban hechos y justificados. Un extremo que se comprometió a demostrar, según dijo.
Pardo insinuó, después de prestar declaración ante la magistrada Silvia Soto, que el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, "sabía algo de esas cosas". "Había una trama de empresas que no eran las mías y que hacían más trabajos que las demás. Era una situación bastante generalizada en el Distrito Macarena y en otros distritos y el alcalde y sus adláteres saben bastante de cómo se trabajaba", desveló.
El empresario, imputado por falsedad en documento y malversación de fondos públicos, contó que la acusación contra él es un montaje y dijo que el Ayuntamiento todavía le debe 360.000 euros. José Pardo detalló que las dos supuestas facturas falsas que cobró fueron expedidas por el entonces secretario del distrito, José Marín, también imputado. Marín, indicó, estaba al tanto de que el derribo de un "chozo" en la barriada de San Diego nunca llegó a realizarse.
Falsedad
En cuanto a la falsedad que le imputa la Fiscalía de Sevilla por haber utilizado sin autorización el nombre de la empresa Contratas y Obras de Sevilla (COS), Pardo señaló que el asunto "ya está aclarado". Detalló que en una reunión de accionistas hace un año llegaron a un acuerdo de forma que todo "lo que yo había hecho en nombre de la empresa se daba por bien hecho". También contó que este caso le ha costado "la ruina", la separación y haberse trasladado a Extremadura para trabajar.
En este asunto están también imputados el ex delegado del Distrito Macarena y ex concejal del Ayuntamiento hispalense, José Antonio García.
Por otro lado, la jueza tuvo que suspender la declaración de la ex concejal andalucista en el Ayuntamiento de Sevilla, Isabel Guerra-Librero a petición de la fiscalía. Guerra-Librero está imputada por el supuesto pago por duplicado de dos facturas cuando era delegada del Distrito Triana-Los Remedios. Presuntamente abonó 1.400 euros por el montaje y desmontaje de un escenario en el Tardón.
El empresario José Pardo, imputado por haber cobrado supuestamente dos facturas falsas del Ayuntamiento de Sevilla, ha reconocido ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla que cobró dos facturas de 4.800 euros por dos trabajos que no había realizado. Y explicó que el ex secretario del Distrito Macarena, José Marín, fue "avisado" de que las dos obras que cobró y no hizo jamás estaban sin ejecutar."
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El Ayuntamiento de Sevilla pagó facturas falsas al jefe de seguridad de los mítines del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE). Según publica este viernes el diario El Mundo, José Pardo García cobró en 2003 del Consistorio cheques por valor de casi 50.000 euros por unas obras que no llegaron a realizar en el distrito Macarena de la capital hispalense. La relación Pardo-PSOE en asuntos turbios viene de hace años, ya que estuvo vinculado a los escándalos de Juan Guerra, hermano del ex vicepresidente del Gobienro, Alfonso Guerra.
El encargado de seguridad de los mítines del alcalde de Sevilla, José Pardo, cobró de los responsables del distrito Macarena, uno en los que PSOE goza de más implantación, entre el 8 y el 9 de mayo de 2003 un total de 49.664,58 euros en cheques a nombre de COS (Contratas y Obras de Sevilla S.L.).
Según la información que publica este viernes el diario El Mundo, estos casi 50.000 euros que Pardo cobró al Ayuntamiento hispalense por obras públicas proceden de un libramento de 601.012 euros que el Ayuntamiento autorizó a favor del concejal delegado del citado distrito. En este sentido, el Partido Andalucista ya advirtió en diciembre de que aún estaban pendientes de justificación 72.000 euros de aquella partida un año y medio después de que fueran adjudicados y el martes pasado denunció que en las cuentas que justifican este libramento, existían dos facturas falsas por obras públicas que no se realizaron.
Las facturas fueron emitidas por COS y firmadas por José Pardo García por la demolición de varias edificaciones y posterior limpieza de solares. El concejal delegado del distrito sevillano Macarena, José Antonio García, aseguró que las obras se realizaron e incluso mostró el nuevo edificio construido en el lugar, pero no pudo explicar con certeza por qué existían entonces dos facturas si sólo fue una la obra realizada. Tampoco matizó por qué los conceptos de las facturas son distintos.
Irregularidades
Entre la documentación a la que ha tenido acceso El Mundo, destacan varias irregularidades entre el concepto de la facturas y los trabajos realizados, así como el hecho de que en todo 2002 el distrito Macarena hubiera ordenado sólo cinco obras de actuación urgente y antes de las elecciones, entre el 1 de enero y el 4 de abril de 2003 se autorizaron 328 reparaciones.
También destaca que en enero pasado se conoció que dos empresas vinculadas a un asesor del Grupo Municipal Socialista, José María Castro Buján, habían facturado más de 400.000 euros al Ayuntamiento por obras menores. Después se supo que otro asesor del alcalde sevillano, Ángel Cervera, hermano además del portavoz del gobierno de Chaves, había facturado también por la impresión de unos carteles de Navidad en pleno verano.
Este jueves, la junta de gobierno local de Sevilla aprobó las cuentas que justifican el libramento de más de 600.000 euros en vísperas de las elecciones del 2003 y, curiosamente, el alcalde sevillano, Alfredo Sánchez Monteseirín, informó del cese de José Antonio García como responsable del distrito Macarena. A pesar de lo que pueda parecer, el PSOE se apresuró a indicar que la decisión no guarda relación alguna con el escándalo político.
Amigo de Juan Guerra
El nombre de José Pardo ya era conocido de la época de Juan Guerra, cuando se conoció su estrecha relación y sus continuas visitas en su despacho en la Delegación del Gobierno durante la etapa de éste como "asistente" del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra. Durante la dirección de Agustín Ortega Limón, el Servicio Andaluz de Salud abrió un expediente disciplinario a José Pardo que el propio Juan Guerra, haciendo uso de sus influencias, intentó anular.
Las relaciones entre José Pardo y Juan Guerra quedaron más que demostradas al acreditarse más de 25 visitas en la Delegación de Gobierno, donde se anotaban como "Pepe". También hubo de enfrentarse a un proceso judicial por extorsión y fue condenado por cohecho en la concesión del servicio de ambulancias. Además, José Pardo García figuró como administrador de la empresa sevillana Darom SA, una firma en la que también aparecían como socios Alberto Ayerbe, jefe de Gabinete del consejero de Cultura, y entro los empleados figuraba Emilio Guerra, hijo de Juan Guerra..
Darom también tuvo conexiones con Costa Doñana, sociedad participada por Pellón, Bores y Palomino. Darom también se vio vinculada a la trama valenciana del "caso Juan Guerra" y fue investigada por sus relaciones con el consejero delegado de la Expo 92, Jacinto Pellón.
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