que curioso.... ningun comentario sobre la hija de Chaves.
El PSOE registró ayer en la sede de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción, en Madrid, una denuncia por una presunta trama de tráfico de influencias y fraude contra la Administración Pública en el Ayuntamiento de Almería. Los socialistas denuncian la "utilización" por parte de un empresario local de sus relaciones personales con el alcalde, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP), para que sus empresas fueran adjudicatarias "directa o indirectamente" de contratos.
El viceportavoz socialista Juan Carlos Pérez Navas, quien comentó la denuncia, se negó a identificar al empresario, aunque sí figura en la denuncia. Se trata de Luis Montoya, a quien el secretario general del PSOE en Almería, diputado y senador, Martín Soler, señaló en conferencia de prensa hace dos semanas como "el hombre del alcalde".
"Este empresario ha mediado en la adjudicación a la empresa FCC del contrato de la limpieza de edificios municipales. Por ello, habría cobrado 1,6 millones de euros, supuestamente por haber estudiado la situación previa a la adjudicación y por el asesoramiento y confección de la oferta", dijo Pérez Navas.
Resulta "poco creíble", añadió el edil, que una empresa transnacional, que cotiza en bolsa, con un volumen de operaciones "impresionante", que cuenta entre su personal con técnicos y asesores de la "mayor cualificación y experiencia" y que mantiene un contrato en vigor con el Ayuntamiento de Almería desde 1996 necesite de los servicios de una empresa local, "establecida muy recientemente con el capital social mínimo necesario para constituirse y de la cual se desconoce que disponga de ingenieros, economistas o juristas ni de cualquier clase de profesionales que puedan prestar servicios de asesoramiento a terceros y, máxime, por un importe tan elevado de 1,6 millones".
La denuncia tramitada ayer, con número de registro 1.115, también informa al fiscal anticorrupción de la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería que anula la concesión a la empresa Telvent de la llamada Ciudad Digital por un importe de 27 millones de euros. El juez sentencia que el Ayuntamiento actuó de "mala fe" y con "desviación de poder" al considerar que "se obviaron los repartos de carácter jurídico que de forma clara y diáfana expuso el secretario del Ayuntamiento y, por el contrario, el Ayuntamiento inició el expediente de contratación por la vía de urgencia".
Los viceportavoces socialistas han llevado también a la Fiscalía las palabras de Miguel Ríos Beltrán, gerente de la empresa Tesur quien, en conferencia de prensa, denunció que el Ayuntamiento de Almería ha contratado con Telvent la instalación de una red de comunicaciones para la Policía Local que ya había sido instalada previamente por Tesur.
El también concejal y viceportavoz socialista, Joaquín Jiménez, también relacionó a Rodríguez Comendador y Montoya cuando el primero era presidente de la Diputación. "Una de las sociedades del empresario, Procon 1627, SL, habría obtenido la adjudicación de un contrato de asistencia técnica con la Diputación Provincial, siendo su presidente Comendador, pese a que en el informe técnico del expediente se indicaba claramente que dicha empresa carecía de la documentación acreditativa de su solvencia técnica", señaló Jiménez.
El alcalde de Almería mostró ayer su absoluta indiferencia: "Se van a dar una panzada de reír allí en la fiscalía tremenda. Y después, ¿qué más?".
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El PSOE almeriense no ha tenido mejor ocurrencia que denunciar por corrupción a una empresa que apodera Paula Chaves Iborra, hija del presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves. Se trata de Telvent Tráfico y Transporte S.A., integrante de la UTE que se adjudicó la Ciudad Digital de Almería y que ha sido denunciada por el PSOE local ante la Fiscalía Anticorrupción de Madrid –junto con la práctica totalidad de la corporación municipal almeriense, del PP- por presunta corrupción.
En la misma UTE participó también la firma Inabensa, que igualmente apodera (desde mayo de este año) Paula Chaves. Telvent ha recibido, entre otros, el contrato para implantar la red de radiocomunicaciones del Ayuntamiento de Sevilla. Y ahí tenemos a los esforzados socialistas almerienses denunciando a una empresa sin reparar en que su apoderada es la hija del presidente de la Junta, socialista para más señas. ¿Qué hacer? El escándalo en la calle, Chaves en el ojo del huracán, cabreado como pocas veces, y el inefable Gaspar Zarrías en la picota. ¿Se abre la veda sobre las actividades de la familia formada por Manuel Chaves y Antoñita Iborra?
Para comprender los entresijos de tan peculiar situación habría que elevar el punto de mira y otear el horizonte para poder descubrir el bosque del entramado de intereses cruzados existente en la Andalucía de Chaves entre la clase política, una serie de empresas influyentes, el estamento de la vieja nobleza y no pocos medios de comunicación. Porque resulta que ambas sociedades, Telvent (implicada en casos como el de Xfera o la Zona Franca de Cádiz) e Ibadesa, son filiales de un grupo andaluz con mucho pedigrí: Abengoa, a cuya nómina de favores está apuntado lo más granado del establishment social, político y empresarial de la región.
El Consejo de Administración de Abengoa (y Telvent) está imputado por la Audiencia Nacional, tras sucesivos recursos infructuosos, en cuatro supuestos delitos por el caso Xfera, con peticiones de cárcel y pendiente de apertura de juicio oral. De los cuatro consejeros imputados, dos de ellos, los hermanos Benjumea, tienen el honor de ser miembros recientes de una institución tan venerable como la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, que entre otras exigencias reclama de sus distinguidos miembros la pureza de sangre y el no haber ejercido el comercio, requisitos que no parecen chocar frontalmente con el hecho de estar sometidos a peticiones de 3 y 4 años de cárcel por delitos como la apropiación indebida.
Son cosas aparentemente consuetudinarias en la Andalucía de hoy y de ayer, la Andalucía de siempre. Cosas que se ven como normales entre la clase dirigente andaluza, tanto como para pedir a los imputados que te coloquen a tu hija, se supone que con un buen sueldo, en una empresa sujeta a escándalos y cuyo trabajo, obviously, va a consistir en conseguir contratos para Telvent del Gobierno de la Comunidad Autónoma, situación y entresijos que los medios de comunicación locales –con la excepción de Internet- suelen silenciar cuidadosamente.
Y es que Abengoa ejemplifica como nadie el entramado de intereses empresarial, político y mediático que caracteriza a la Andalucía de Chaves, construido a través de los años a base de favores mutuos, esquema que ha permitido a unos mejorar el negocio con ayudas fiscales, contratos públicos, etc., además de blindajes judiciales y protección mediática, y a otros poder colocar a la familia, que de eso se trata, de cuidar muy bien a la familia.
Claro que tantas seguridades, tantos compromisos cruzados, no logran evitar que el historial de la compañía haya quedado salpicado de casos de corrupción con Gobiernos de distinto signo. Por ejemplo, con Gobierno PSOE, consejeros de Abengoa resultaron imputados por delitos de falsedad y apropiación indebida en el célebre caso Filesa. Con Gobiernos PP y PSOE, el caso Xfera ha dejado como imputados a cuatro consejeros y directivos del grupo, con peticiones confirmadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Con Gobierno PP, Telvent resultó enganchada en el caso de la Zona Franca de Cádiz. Con Gobierno PSOE, la misma Telvent acaba de resultar implicada en el escandalete almeriense.
Y es que basta echar una ojeada a los prominentes compañeros de viaje que el grupo despliega tanto en su Consejo de Administración, como en el consejo asesor, la fundación, etc. La lista es larga:
Por la nobleza: S.A.R. el Infante don Carlos (consejero Telvent); Álvaro Fernández Villaverde, duque de San Carlos y marqués del Viso, entre otros (consejero de Abengoa); Carlos Fritz-James Stuart, duque de Huéscar (Fundación Focus)
Por el PSOE: Rafael Escuredo (consejo asesor Abengoa); José Rodríguez de la Borbolla (Fundación Focus); Cándido Velázquez, ex presidente Telefónica, gran cliente de Abengoa (consejo asesor).
Por el PP: José Manuel Fernández Norniella, el gran amigo de Rato (consejo asesor), y Manuel Olivencia, suegro de Javier Arenas (Fundación Focus).
Por los medios: Ignacio de Polanco (Prisa, consejo de Abengoa); José Terceiro (Prisa, consejo de Abengoa y presidente del consejo asesor); Javier Benjumea, (vicepresidente de Abengoa y consejero grupo Vocento).
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