La Encuestas de Condiciones de Vida situan a Andalucía a la cabeza del ranking de personas pobres en España. En torno a dos millones de personas se encontraban en esta situación según el esta encuesta del CIS. Una cifra que viene a coincidir con las estimaciones de Cáritas y los informes FOESSA. Los anuarios de la Caixa vienen alertando que la renta media por persona en Andalucía se sitúa en torno al 80-85% de la media nacional. Otros estudios como el del BBVA concluían que siete de las ocho provincias andaluzas figuran entre las diez más pobres del país. De entre los 20 municipios con más de 50.000 habitantes más pobres de toda España, nada menos que 14 son andaluces.

El presidente de la Junta, Manuel Chaves, abrió pasadas las 10.00 horas el debate final de la proposición de Ley de reforma del Estatuto de Autonomía defendiendo el reconocimiento de la "realidad nacional" en el preámbulo del documento como "reafirmación coherente y consecuente de la definición de Andalucía como nacionalidad" y resaltando que el texto "tiene suficientes elementos y reúne las condiciones necesarias para obtener el más amplio respaldo, no sólo de la ciudadanía, sino de la totalidad de los partidos andaluces".

En su intervención ante el Pleno, que dará paso al debate por parte de los grupos parlamentarios, Chaves aseguró que la aprobación de la proposición de Ley en el Parlamento andaluz, previsiblemente sólo con los votos de PSOE e IULV-CA, constituye un "primer momento" en el proceso de reforma del Estatuto que tendrá un "segundo paso" en las Cortes Generales, "donde reside la soberanía del pueblo español o, si se quiere, de la nación española de la que orgullosamente formamos parte", fase que, en su opinión, no sólo debe servir para "perfeccionar y ajustar" la reforma "a los criterios y necesidades del Estado", sino que también "debe convertirse en una oportunidad para intentar ampliar los consensos, partiendo de los acuerdos ya alcanzados".

El presidente andaluz defendió que la proposición de Ley de reforma, que calificó como "avanzada, innovadora y con marcado carácter progresista", no hace "tabla rasa del pasado", sino que toma como base la experiencia de 25 años de autonomía "eliminando anacronismos y disfunciones" y persigue configurar un Estatuto "útil para todos" con independencia de los apoyos que reciba en la Cámara, ya que sitúa a los andaluces como "protagonistas fundamentales" del proceso. En su opinión, la propuesta andaluza aspira "al máximo techo de autogobierno dentro del terreno de juego que delimita la Constitución española" sin pretensión de "arrebatar nada a nadie", para lo que establece la "necesaria clarificación competencial".

"En la proposición de Ley que hoy debatimos todos los ciudadanos ganan y no hay nada que perjudique a Andalucía, porque tiene suficientes elementos y reúne las condiciones necesarias para obtener el más amplio respaldo, no sólo de la ciudadanía, sino de la totalidad de los partidos políticos andaluces", añadió Chaves, que puso de manifiesto que "se han despejado todas las dudas y todas las incógnitas" tanto sobre su plena constitucionalidad, "confirmada plenamente" por el dictamen del Consejo Consultivo, como sobre la "posibilidad de un desarrollo asimétrico del Estado de las Autonomías".

El interés de Andalucía, en "primer plano"

En este sentido, el presidente de la Junta reivindicó que el nuevo Estatuto es "plenamente equiparable al más avanzado" sin actuar como "coartada de nadie" y permite que Andalucía "sigue ocupando el papel destacado que se ganó el 28-F de 1980", por lo que hizo un llamamiento a los partidos andaluces para que "se centren en el debate propiamente andaluz y hagan un esfuerzo para poner en un primer plano los intereses generales de Andalucía".

Defendió la "plena legitimidad" de la reforma que el Parlamento aprobará con la mayoría cualificada de tres quintos de los votos de PSOE e IULV-CA, recordó que "siempre hemos aspirado al máximo acuerdo y nadie puede desconocer los continuos esfuerzos que hemos realizado para conseguir el consenso más amplio" y advirtió de que "los andaluces saben muy bien qué ha hecho y ha dejado de hacer cada uno de los actores políticos en este proceso de reforma y cada uno de ellos deberá asumir su responsabilidad".

A continuación, Chaves entró de lleno en el debate sobre la denominación para reivindicar que Andalucía tiene una "fuerte identidad reconocida, apreciada y respetada" en el conjunto de España que fue "conquistada venciendo muchas resistencias" en el 28-F que, según recordó, "no fue precisamente la historia de un consenso", por lo que pidió que "no falsifiquemos la historia si queremos aprender algo de ella".

"Hacemos nuestra la Constitución de la A a la Z"

Frente a "memorias muy interesadas", el presidente de la Junta recordó que la definición de Andalucía como "nacionalidad" ya aparece en el texto vigente desde 1981, que ahora se "simplifica y clarifica" con una nueva redacción que la denomina como "nacionalidad histórica" y que incluye la expresión "realidad nacional" en el preámbulo como "reafirmación coherente y consecuente de esa definición de Andalucía como nacionalidad", ya que dejó claro que "los andaluces no tenemos la más mínima reserva con la Constitución y desde el primer momento la hicimos nuestra, de la A a la Z, y así sigue siendo".

Tras garantizar que "nada se va a romper" con el nuevo Estatuto andaluz, Chaves advirtió a los grupos parlamentarios, en especial al PP, de que "estamos en un momento en el que se nos exige a todos la mayor altura de miras y la mayor responsabilidad y en el que ninguna sombra debe pesar sobre la capacidad de los partidos políticos andaluces para actuar con autonomía, en el marco de la Constitución, en la defensa de los intereses generales de Andalucía".

El Pleno del Congreso acordó el martes tomar en consideración el proyecto de reforma del Estatuto de Andalucía remitido por el Parlamento de esa comunidad con 187 votos a favor (PSOE, CiU, ERC, PNV, IU/ICV, CC y Mixto), y la oposición de 136 diputados del PP. El estatuto andaluz comienza así su tramitación parlamentaria con el respaldo del 57,9 por ciento de los votos emitidos en la Cámara Baja.

De las tres reformas estatutarias llegadas al Congreso en esta legislatura, la vasca (el llamado "Plan Ibarretxe") fue rechazada en este trámite con el 91 por ciento de los votos. La reforma catalana recabó un apoyo similar al que hoy tuvo la andaluza al contar también con el apoyo de todos los grupos menos el popular (57,4 por ciento), mientras que la valenciana, fruto del consenso entre PP y PSOE, fue la que obtuvo más apoyo (95 por ciento).

La votación, en la que participaron 323 de los 350 diputados, puso punto final a una larga sesión iniciada a las 13:00 horas del martes con la intervención de una delegación de tres miembros del Parlamento andaluz y que concluyó pasadas las 22:00. Una vez que el presidente del Congreso, Manuel Marín, proclamó el resultado de la votación, los diputados que apoyaron la toma en consideración prorrumpieron en un aplauso, al igual que la mayor parte de la delegación andaluza en la tribuna de invitados, donde el presidente Manuel Chaves y el consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, expresaban su satisfacción pulgar en alto.

Una vez admitido a trámite el proyecto, se abrirá el plazo de presentación de enmiendas, que abarcará inicialmente un mes, aunque puede prorrogarse hasta otras tres semanas, de modo que se prolongaría hasta mediados o finales de julio.

Ya en septiembre se constituirá una ponencia mixta con parlamentarios autonómicos y miembros de la Comisión Constitucional del Congreso que estudiará las enmiendas y elaborará un dictamen. Luego será la Comisión Constitucional, complementada con parlamentarios andaluces, la que debatirá y aprobará el texto y lo remitirá al Pleno del Congreso, que podría votarlo y enviarlo al Senado a finales de octubre.

Tras su paso por la Cámara Alta y si esta no introduce cambios el texto tendrá que ser aprobado en un referéndum que podría celebrarse a finales de febrero de 2007.

Link a noticia en www.elconfidencial.com

Los presidentes de El Monte de Sevilla, José María Bueno Lidón, y de Caja San Fernando, Luis Navarrete Pascual, han propuesto al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, la fusión simultánea de las dos cajas de ahorros sevillanas con Unicaja de Málaga, que preside Braulio Medel, como una forma de ir avanzando en la construcción de la Caja Única andaluza, el viejo proyecto que acaricia Chaves desde los tiempos de Magdalena Álvarez como Consejera de Economía de la Junta andaluza.

La oferta de Bueno Lidón y Navarrete, mantenida en el mayor de los secretos hasta el momento, fue realizada a José Antonio Griñán, actual consejero de Economía y Hacienda de la Junta, en una reunión que los tres citados presidentes de cajas mantuvieron el pasado mes de marzo con el propio Griñán en el Edificio de Torre Triana, sede de la citada Consejería, motivo por el cual algunas fuentes hablan en Sevilla del ‘pacto de Torre Triana’.

La oferta de los sevillanos lleva incorporada una condición o cláusula suspensiva: la operación se hará siempre que la Junta de Andalucía modifique la Ley de Cajas para permitir a ambos presidentes continuar en la entidad resultante, exigencia en cuya satisfacción ya está trabajando la Junta.

El auténtico origen de esta fusión a tres bandas está, sin embargo, en el convencimiento al que tanto Bueno como Navarrete han llegado de tener que fusionar El Monte y Caja San Fernando por bemoles, advertidos de que el PSOE andaluz no puede presentarse a las elecciones locales sevillanas de mayo de 2007 con las manos vacías en lo que al proyecto financiero estrella de la legislatura se refiere.

Tan importante es que Chaves pidió a Pepe Griñán que pilotara personalmente el proyecto. A tal efecto, desde el pasado verano, las comisiones de integración funcionales de ambas cajas vienen trabajando a toda máquina, y al día de hoy el proyecto de fusión, Estatutos y Reglamento electoral de la nueva Caja están ultimados a falta de aprobación formal, prevista para el mes de septiembre.

Problemas con el organigrama

Antes de que esta aprobación se produzca, se tiene que solventar el organigrama de la nueva Caja, tarea que está resultando difícil y cruenta, como demuestra la dimisión de José Selfa de la Gándara, director adjunto de El Monte y hombre de confianza de su presidente. También se ha constituido la mesa para negociar el obligado pacto laboral, que se espera esté suscrito este mismo año.

Puestos en la tesitura de “tener que realizar” la fusión de grado o por fuerza, los presidentes de ambas cajas, conocedores de la imposibilidad de continuar al frente de la nueva Caja resultante, como exige la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía, y con la ayuda intelectual de Braulio Medel, idearon ofrecer a Pepe Griñán la fusión a tres bandas, a condición, como se ha dicho, de poder continuar en la entidad resultante.

La idea ciertamente es muy atractiva para Griñán, pues de esta forma se crea el núcleo que hará posible la Caja Única a medio plazo, objetivo en el que Manolo Chaves lleva años empeñado y que tantos disgustos le ha costado por culpa del quimérico intento de Magdalena Alvarez de imponerla en el corto plazo.

Calendario de las fusiones

Tras consultar con Chaves, Griñán ha aceptado la fusión a tres bandas pero con un timing diferente: antes de la próxima primavera (elecciones locales de mayo de 2007) se fusionarían las cajas sevillanas y, posteriormente, antes de 2009, la Caja resultante de aquella fusión se integrará en la Unicaja de Medel.

Por supuesto, la Ley de Cajas andaluzas será modificada en la legislatura que se inicia en 2008, para permitir que los tres presidentes puedan continuar en la nueva entidad. El ‘pacto de Torre Triana’ ya tiene una prueba fehaciente: el pasado 15 de mayo se conoció que la Junta tramita un proyecto de modificación del Reglamento de la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía, por el cual se permite no iniciar la renovación de los órganos de gobierno de las Cajas cuyos miembros finalicen su mandato tras la aprobación de un proyecto de fusión (artículo 20, Decreto 138/2002).

Este es el nuevo escenario en el que se mueve el sector financiero andaluz, con la creación de una caja que tendrá una dimensión del doble del balance actual de Unicaja y una vez y media sus beneficios netos, y que actuará como pilar sobre el que cimentar la Caja Única andaluza a partir de la próxima década.

Link a noticia en www.elconfidencial.com

La cosa cobró inusitados bríos con la aparición en escena de personaje tan singular como la consejera de Economía y Hacienda, hoy ministra de Fomento, jamás soñamos llegar tan alto, alteza, Magdalena Maleni Álvarez, cuya briosa entrada en materia consistió en lanzar la idea de la fusión de todas las cajas andaluzas en una caja única, bajo la advocación de San Manuel Chaves, dejando reducido el intento de fusión de las sevillanas a un mero entremés.

La tormenta tropical MaleniManolo Chaves, quien se vio obligado a archivar el proyecto en espera de encontrar un hombre de confianza, con más criterio y sentido común, a quien encomendar la tarea de pacificar el sector y hacer posible su ambicioso proyecto personal.

La persona elegida fue, ha sido, José Antonio Griñán, gran amigo personal “de toda la vida” (fue secretario general técnico cuando el propio Chaves se desempeñaba en Madrid como Ministro de Trabajo), y al que anteriormente había llevado a la Junta de Andalucía como Consejero de Salud. Tras pasar por los Ministerios de Sanidad y de Trabajo, Griñán había quedado varado a partir de 1996 en el Congreso de los Diputados, sin ocupación específica. En 2004, tras mucho insistir, Chaves venció la resistencia de su amigo y pudo por fin nombrarlo consejero de Economía y Hacienda, con el encargo que ya se imaginan.

Hombre paciente y hábil negociador, Pepe Griñán se empleó a fondo en el objetivo que se antojaba más factible: regularizar la situación de CajaSur. Efectivamente, tras una ardua negociación y no pocas concesiones, en unos meses pactó con el Obispo de Córdoba el sometimiento de CajaSur a la Ley de Cajas de Ahorros andaluza, lo que ha supuesto la jubilación del famoso cura Castillejo y la implantación de un nuevo equilibrio de poder en la entidad entre los canónigos del cabildo catedralicio cordobés y los partidos políticos (PSOE, IU y PP).

Una vez normalizada la situación en CajaSur el pasado mes de mayo, Pepe Griñán puso manos a la obra con el otro gran objetivo de la actual legislatura: la Caja Única. Doña Magdalena había hecho creer a Chaves que la fusión simultánea de todas las Cajas regionales era posible, contando como abogado defensor del proyecto de un sabueso como Braulio Medel que, además de presidente de la mayor caja de ahorros regional, Unicaja, lo era al tiempo de la Federación Andaluza de Cajas de Ahorros (FACA).

No contaban con que los presidentes de El Monte de Sevilla y de Caja San Fernando (Beneroso y López-Benjumea), viendo peligrar sus cargos, optaran por adelantarse a la magna operación impulsando la fusión de ambas entidades como única alternativa de supervivencia personal. No les dio tiempo, sin embargo, a culminar su proyecto, pues la obligada renovación que imponía la nueva Ley de Cajas andaluza permitió al PSOE-A frustrar su reelección para un nuevo mandato. A pesar de ello, la campaña mediática que los “rebeldes” habían puesto en marcha surtió sus efectos: la sociedad sevillana había “comprado” el proyecto de fusión, ante la posibilidad de que Unicaja engullera a una de las cajas locales o a ambas.

En una hábil maniobra, Chaves sostuvo entonces que no se trataba de abortar la fusión de las Cajas sevillanas, sino de garantizar que esta se hiciera salvaguardando los derechos de las diversas partes implicadas (impositores, corporaciones locales, trabajadores, etc.), y que “la fusión constituía un objetivo irrenunciable para el PSOE”.

La realidad es que, cuatro años después, la ejecución del proyecto de fusión no ha avanzado lo más mínimo, pues los equipos directivos de ambas Cajas y el propio Banco de España la consideran inviable (solapamiento de oficinas, destrucción de empleo, riesgo de incremento de los créditos dudosos, escaso coeficiente de garantía, etcétera), de modo que en estos últimos tiempos la idea apenas ha progresado, a pesar de que los nuevos presidentes de ambas entidades fueron designados por el PSOE-A con este objetivo.

Pero el PSOE-A no puede presentarse a las elecciones locales sevillanas de mayo de 2007 con las manos vacías, por lo que Chaves encomendó a Pepe Griñán la dirección personal del proyecto. A tal efecto, las comisiones de integración funcionales de ambas Cajas empezaron a trabajar a toda máquina a partir del pasado verano y, al día de hoy el proyecto de fusión, Estatutos y Reglamento electoral de la nueva Caja están ultimados a falta de aprobación formal, prevista para el próximo mes de septiembre.

El resto de la presente historia se contó en este diario el pasado martes 6 de junio (“Los presidentes de El Monte y San Fernando proponen la fusión simultanea de las cajas sevillanas con Unicaja”) y al día siguiente se contó también la súbita amenaza que pende sobre la cabeza del capo de El Monte, a cuenta de los sapos y culebras que el Servicio de Inspección del Banco de España ha descubierto en las sentinas de la entidad (“La Junta de Andalucía busca el apoyo de CCOO para cesar al presidente del Monte de Sevilla, Bueno Lidón”) por culpa de los riesgos inmobiliarios contraídos en el pasado.

Las esperanzas de Chaves parecen puestas ahora en la inmediata llegada de Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO) a la cabecera del Banco de España, como definitivo impulsor de su proyecto de Caja Única. ¿Será posible en Madrid el milagro que los hechos le niegan tozudamente en Sevilla?

Link a noticia en www.elconfidencial.com

Tras años de marear la perdiz con la fusión de las Cajas de Ahorro sevillanas (El Monte y Caja San Fernando), Caja General de Ahorros de Granada (La General) y la Caja de Ahorros Provincial de Jaén (Caja de Jaén) han estado a punto de dar la campanada con una fusión en la que ya estaba todo amarrado. La ha frustrado a última hora el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, respondiendo a presiones en tal sentido realizadas por Braulio Medel, presidente de Unicaja.

Hubiera sido el bombazo financiero andaluz del año y de muchos años. El 27 de junio pasado, es decir, hace poco más de 15 días, cuatro personajes de gran relevancia en la vida político-económica de Andalucía se reunieron a almorzar en un restaurante de la histórica Baeza, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en la provincia de Jaén.

Se trataba de Gaspar Zarrías, consejero de la Presidencia y el hombre con más poder desde hace lustros en la Junta de Chaves, sin cuyo permiso “no se mueve un papel en Jaén”; Felipe López, presidente de la diputación de Jaén y ex diputado en el Congreso por el PSOE; Antonio-Claret García García, presidente de La General de Granada, y José Antonio Arcos Moya, su homólogo de Caja de Jaén, y ex alcalde socialista de Andújar durante muchos años.

Al final del almuerzo el acuerdo era total en torno a los términos de fusión de ambas entidades, una operación de libro, según las fuentes, en la que ha venido luchando con denuedo Antonio-Claret García -secretario general de Economía del PSOE andaluz durante años- desde Caja Granada.

Con unos activos totales medios de 8.270 millones de euros y un beneficio neto de 54 millones, La General de Granada supera en 15 veces el tamaño de Caja de Jaén (con activos de 543 millones y beneficio de 2,63).

Pero, por una indiscreción de alguno de los participantes en el ágape de Baeza, el asunto llegó a oídos de Braulio Medel, presidente de Unicaja de Málaga, la primera caja de ahorros andaluza, con activos totales de 19.054 millones de euros a finales de 2004.

La posición de Medel como verdadero factotum en el panorama financiero andaluz es conocida, como también sus magníficas relaciones con la Junta de Chaves y con los diversos consejeros de Economía que se han sucedido en ella, aunque esas relaciones también han sido buenas con el PP andaluz.

Medel, siempre atento a las necesidades financieras de la Junta, se ha distinguido, entre otras cosas, por su deseo de encabezar, como entidad hegemónica en la región, la fusión de las seis cajas de ahorros andaluzas en la famosa caja única, un objetivo convertido casi en mito en la historia de la Junta de Chaves. La maniobra de Antonio-Claret García cogía a contrapié al influyente Medel, y lo dejaba fuera de ese proceso, convirtiendo, además, a la caja resultante en un peligroso competidor de Unicaja.

Tales fueron los argumentos de base que el propio Medel esgrimió en una entrevista personal que, a la velocidad del rayo, mantuvo con Manuel Chaves en el palacio sevillano de San Telmo, nada más enterarse de lo que se acababa de fraguar a sus espaldas.

El resultado de la entrevista Chaves-Medel fue la decisión del presidente andaluz de abortar la fusión entre Caja Granada y Caja de Jaén, cuando el acuerdo ya estaba cerrado y el propio Zarrías lo había apoyado y santificado en su nombre.

De dar la mala nueva a Antonio-Claret García y a José Antonio Arcos se encargaron, como mensajeros de Chaves, el actual consejero de Economía y ex ministro, José Antonio Griñán, y el secretario de Organización del PSOE andaluz, Luis Pizarro, considerado mano derecha del propio Chaves. El presidente de la Junta no se molesta en hacer acto de presencia para dar este tipo de noticias.

Lo ocurrido sólo puede calificarse de esperpéntico si se tiene en cuenta que las Cajas de Ahorro sevillanas citadas parecen avanzar en un proceso de fusión (se acaba de crear una Comisión de Coordinación al efecto) ordenado manu militari por la propia Junta de Chaves, tras dilaciones mil por parte de los responsables de ambas cajas, que no la desean en absoluto.

A preguntas de El Confidencial, un portavoz de Unicaja aseguró ayer que “sí hay rumores de esa fusión, pero no ha habido ninguna intervención de esta entidad ni del propio Braulio Medel en la misma”.

Link a noticia en www.elconfidencial.com

De acuerdo con las fuentes consultadas, el presidente andaluz decidió parar la fusión atendiendo a las presiones en tal sentido realizadas por Braulio Medel, presidente de Unicaja, primera entidad de la región. El acuerdo –en realidad la absorción de Caja de Jaén por Caja Granada- había quedado prácticamente cerrado tras el almuerzo celebrado el pasado 27 de junio en Baeza (Jaén) entre cuatro destacados personajes del PSOE de Andalucía.

Se trataba del todopoderoso Gaspar Zarrías, consejero de la Presidencia y secretario provincial del PSOE de Jaén; Felipe López, presidente de la diputación de Jaén; Antonio Claret García, presidente de La General de Granada, y José Antonio Arcos Moya, su homólogo de Caja de Jaén. Este diario ha sabido de fuente totalmente fiable, que al ágape asistió un quinto comensal: se trata de Francisco Álvarez de la Chica, senador socialista y actual secretario provincial del PSOE granadino.

Otras fuentes, sin embargo, han puesto en duda la presencia en Baeza del presidente de Caja de Jaén, extremo que no ha podido ser confirmado. En todo caso, el PSOE de ambas provincias estaba representado al máximo nivel, con el poder delegado del propio Chaves en Gaspar Zarrías, “encargado de dar por hecha la fusión a José Antonio Arcos, por lo que no era indispensable su presencia física”.

Desmentido frustrado

En la mañana del pasado jueves, después de que este diario destapara la operación, Manuel Chaves ordenó a todos los citados salir a desmentir la información (según las fuentes, “no podía consentir la idea de que Braulio Medel le hubiera forzado a paralizar la fusión”), cosa que hicieron con énfasis tanto el ex ministro Griñán, consejero de Economía de la Junta, como Luis Pizarro, secretario de Organización del PSOE andaluz.

Con lo que Chaves no contaba es que al día siguiente, en el acto de ratificación de la compra del 50% de Aquagest Sur (La Caixa) por parte de Unicaja y Caja Granada, y con Ricardo Fornesa por testigo, Antonio Claret reconociera abiertamente la operación y asegurara que La General “lleva muchos años trabajando en pro de esa fusión, que yo seguiré impulsando”.

El Partido Popular de Andalucía va a plantear una interpelación parlamentaria para que Manuel Chaves explique lo ocurrido. La crisis parece haber roto también el delicado equilibrio existente en La General, fraguado en torno al llamado Pacto del Saray. Partidos (PP e IU), patronal y sindicatos presentes en la Caja entienden que el PSOE lo ha vulnerado al frustrar una fusión muy conveniente para la entidad granadina.

Chaves, por su parte, intenta superar el trago desempolvando el manido asunto de esa Caja Única a la que Magdalena Álvarez, en sus días de consejera de Economía, dedicó tanto tiempo en vano, mientras el PSOE jerarquiza sus objetivos del momento: fusión de las cajas sevillanas, toma del poder en Cajasur, y lanzamiento del Banco Europeo de Finanzas como “banco de las cajas andaluzas”.

Ocurre que el Banco Europeo de Finanzas es una ficha bancaria de Unicaja, 100% propiedad de Unicaja, de modo que la idea depende de la voluntad de Braulio Medel, algo que ayuda a explicar, al menos en parte, la gran capacidad de influencia que Medel, verdadero hombre fuerte del sector en Andalucía, tiene sobre Chaves.

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, afronta mañana el primer paso de la tramitación parlamentaria de la reforma del estatuto de aquella comunidad sin el consenso con los dos principales partidos de la oposición parlamentaria, el PP y el PA. El primero se abstendrá en la toma en consideración de la proposición de ley del Estatuto, y el segundo, probablemente, votará en contra. De esta forma, Chaves no logra hacerse la foto del ‘consenso’ que tanto había buscado.

Razón por la cual esta semana ha arremetido contra el PP y la convocatoria de un acto de reafirmación constitucional que tendrá lugar este domingo en Málaga y que contará con la presencia de Javier Arenas. Bajo el lema Por una Andalucía de Primera en la España Constitucional, el PP ha convocado una concentración que no ha sentado nada bien en los pasillos del Palacio de San Telmo. Chaves ha acusado a los ‘populares’ de toda clase de manipulaciones e interpretaciones torticeras.

Arenas anunció ayer que su partido se abstendrá en la toma de consideración de la proposición de ley del Estatuto de Andalucía, que tendrá lugar mañana jueves en el Parlamento andaluz. “Esta decisión –afirmó- se debe a que hay muchas discrepancias, pero no estamos en contra de la tramitación de la ley. De hecho, creemos posible que, después de muchas horas de trabajo, se pueda alcanzar el consenso y la abstención se pueda convertir en un ‘sí’ antes del verano”.

El líder de los ‘populares’ en aquella comunidad se mostró dispuesto a hablar de las diferencias existentes y valoró como positivo que el PSOE se muestre dispuesto a aceptar 120 de los 181 votos particulares presentados por el PP. Para Arenas, “hace falta un esfuerzo para lograr el consenso de los cuatro partidos, pero este esfuerzo tiene que ser mayor por parte de los partidos mayoritarios y fundamentalmente por quien tiene la mayoría, que es el PSOE”.

Máximo techo competencial

“En cualquier caso –agregó- el PP va a hacer un esfuerzo para que la reforma mejore el Estatuto actual y suponga un instrumento para defendernos de la desigualdad y la insolidaridad, ya que hay que tener en cuenta que, después de Cataluña, viene ‘la nación vasca’ y está en riesgo la conquista de la simetría que Andalucía logró” con su estatuto. Insistió en que la reforma debe garantizar “a los andaluces los mismos derechos, que no existan privilegios, y que tengamos el máximo techo competencial”.

La discusión del Estatuto y la campaña de recogida de firmas del PP han elevado la tensión política en Andalucía. Los ‘populares’ han reforzado su campaña con mensajes publicitarios radiofónicos, uno de ellos llamando a los andaluces a firmar a favor del referéndum, y otro recordando que, con el Estatuto Catalán, los niños andaluces que quieran estudiar en Cataluña no podrán hacerlo en castellano, y que eso cuenta con el “apoyo de Chaves”.

De ahí que la portavoz de IULV-CA en el Parlamento andaluz, Concha Caballero, anunciara ayer que su formación ha decidido remitir al Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) y a los medios de comunicación públicos en dicha comunidad una copia de la campaña publicitaria que el PP andaluz va a poner en marcha en contra del acuerdo entre el Gobierno y CiU sobre el Estatut, con el fin de que dicho órgano realice un informe y analice el trato que se da a los catalanes.

El consejero andaluz de la Presidencia, Garpar Zarrías, consideró hoy que "se dan las circunstancias objetivas" para la disolución del Ayuntamiento de Marbella, una decisión que podría pedir la Junta el martes, mientras que el PP insistió en la necesidad de convocar elecciones anticipadas.

Después de que en la madrugada del sábado al domingo ingresara en prisión la primera teniente de alcalde del consistorio, Isabel García Marcos, que comparte celda con la alcaldesa, Marisol Yagüe, el titular del juzgado número 5 de Marbella, Miguel Angel Torres, decretó también prisión incondicional para Oscar Benavente, en el marco de la operación 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento marbellí. Benavente es considerado uno de los testaferros del asesor municipal de Urbanismo y 'cerebro' de la trama, Juan Antonio Roca, también en prisión.

En libertad con cargos quedaron el hermano de Oscar Alberto, José Luis Benavente, el empresario Jaime Hachuel y otro posible testaferro de Roca, Salvador Gardoqui, acusados los tres de blanqueo de capitales, según fuentes judiciales.

El debate político tras la operación 'Malaya' contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella se centró en la posible disolución del consistorio.

En declaraciones a la SER, recogidas por la emisora en su página web, Zarrías avanzó que "se dan las circunstancias objetivas para que el Consejo de Gobierno tome la decisión" de proceder a la disolución del Ayuntamiento Marbellí, cuya gestión ha sido "gravemente dañosa para los intereses generales".

En rueda de prensa en Madrid, la portavoz del PP en el Ayuntamiento marbellí, María Ángeles Muñoz, pidió al Gobierno que disuelva la corporación municipal en el próximo Consejo de Ministros y permita las elecciones anticipadas, para que la ciudad no quede en manos de una "comisión gestora" hasta mayo de 2007, cuando están previstos los comicios municipales en todo el país.

No obstante, el presidente andaluz, Manuel Chaves, ya adelantó el pasado viernes que, "con la ley en la mano", no es posible adelantar las elecciones, ya que el nuevo consistorio se constituiría en su último año de mandato y la ley electoral determina que, en ese caso, en lugar de celebrar comicios anticipados se debe nombrar una gestora transitoria.

Muñoz acusa al PSOE de "claro encubridor" del caso

Muñoz acusó al PSOE de haber actuado como un "claro encubridor" en el caso marbellí, pero el secretario de Política Autonómica de ese partido, Alfonso Perales, aseguró en un comunicado que su formación "actúa con contundencia para restablecer la seguridad jurídica en el Ayuntamiento" y destacó que el PP votó en contra de la disolución del consistorio marbellí hasta en tres ocasiones.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, consideró que con la operación 'Malaya' se da respuesta a "un clamor social que nos exigía que, de una vez por todas, limpiásemos de corrupción el Ayuntameinto de Marbella". Según explicó, se trabajaba en ella desde hace meses y "sabíamos que el resultado iba a ser muy importante".

De los 23 detenidos en la operación 'Malaya', están en prisión la alcaldesa; la primera teniente de alcalde; el asesor municipal de Urbanismo Juan Antonio Roca; su presunto testaferro Oscar Benavente; el concejal de Tráfico y Transportes, Victoriano Rodríguez, y el empresario Ismael Pérez Peña, propietario de dos empresas de 'leasing' de vehículos.

García Marcos ingresó de madrugada en prisión al entender el juez que había podido cometer un delito de cohecho, alteración de precios en concurso y subasta pública, fraude e infracciones ilegales. Según el auto de prisión de Roca, éste junto a Yagüe, García Marcos y dos concejales más aprobaron unas tasas de retirada de vehículos de la vía pública para pagar una deuda que tenían con el propietario de la empresa de "leasing" y diseñaron también un concurso "a su medida" para adjudicarle de nuevo la concesión de las grúas municipales.

Oscar Benavente, de 36 años, ha sido acusado de presunto blanqueo y fraude a la Hacienda Pública; según el mismo auto, Roca obtuvo "millonarias" cantidades de forma "ilícita" y, "para ocultar los delitos patrimoniales, desarrolló una complejísima estructura societaria en la que contaba con una serie de testaferros, entre los que destacaba Benavente. Este hombre fue juzgado como encubridor del atropello mortal cometido por el bailaor Juan Manuel Fernández Montoya, 'Farruquito', y absuelto por la nulidad de los "pinchazos" telefónicos.

Por su parte, el concejal de Cultura, José Jaén, quedó en libertad con cargos tras pagar la fianza de 30.000 euros que le impuso el juez, que le acusó de los delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y maquinación para alterar el precio de las cosas, informaron fuentes judiciales.

Los empresarios José Alonso Boyer y Julio de Marco también pagaron sus fianzas, de 20.000 y 12.000 euros, respectivamente.

En libertad sin fianza y con cargos quedaron el empresario Jaime Hachuel, el presunto testaferro de Roca Salvador Gardoqui y José Luis Benavente; la misma situación de otros dos de los detenidos: el secretario municipal, Leopoldo Barrantes, y el empresario Juan Miguel Saavedra.

Quedan por declarar esta tarde otro de los presuntos testaferros de Roca, Montserrat Corulla, junto con María Ursula Q.L. y Ernesto Ramón C.G.

El miércoles, debate general en el Parlamento andalúz

El Parlamento andaluz celebrará previsiblemente el miércoles por la mañana un debate general sobre la situación del Ayuntamiento de Marbella, a petición del PP, IU y PA, tres formaciones que abogan por la disolución de Consistorio.

En ese debate, Izquierda Unida pedirá a la Junta que se persone en la causa judicial abierta a raíz de la operación 'Malaya' y emplazará al Gobierno a solicitar la intervención de Interpol, ante la "certeza de ramificaciones de la trama en paraísos fiscales, como Gibraltar".

En el marco de la operación 'Malaya', coordinada por el juzgado de instrucción número 5 de Marbella y por la Fiscalía Anticorrupción, han sido bloqueadas más de un millar de cuentas bancarias, se han efectuado hasta veinte registros domiciliarios y se han incautado bienes por valor de unos 2.400 millones de euros.

El sábado, el alcalde en funciones, Tomás Reñones, aseguró que, ante la actual situación, el equipo de gobierno ha puesto sus cargos a disposición de los "organismos superiores para que se pronuncien en los términos que estimen oportunos", además de pedir "perdón al pueblo de Marbella porque no se merece la situación que está viviendo".