Chaves se niega a disolver la corporación y se limita a quitarle las competencias urbanísticas (Fuente: elconfidencial.com)
Jueves, 30 de marzo de 2006
La Junta de Andalucía se ha convertido en el único apoyo con que cuenta el consistorio municipal marbellí para seguir operando. El Gobierno andaluz reiteró ayer que no instará a la disolución del ayuntamiento de Marbella, pese a que la alcaldesa, el secretario y el gerente de Urbanismo han pasado la noche en los calabozos. La disolución ha sido reclamada por el Partido Popular, Izquierda Unida y el Partido Andalucista, que consideran que la situación del ayuntamiento exige nuevas elecciones. Desde el año 1979 nunca en España se ha disuelto un ayuntamiento.
El artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local establece que el Consejo de Ministros “a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente o a solicitud de éste” puede instar a la disolución de un ayuntamiento, previo acuerdo del Senado. Para que se dé este supuesto, debe haberse producido una gestión “gravemente dañosa para los intereses generales que supongan incumplimiento de sus obligaciones constitucionales”. La ley fue modificada en 2003 tras la aprobación de la Ley de Partidos, matizando que en todo caso se considerarán decisiones especialmente gravosas los asuntos relacionados con terrorismo.
La disolución de la corporación local no supone necesariamente que se vayan a convocar elecciones de forma inmediata. La Ley General de Régimen Electoral, artículo 183, establece que una vez disuelto el órgano de gobierno, deberá procederse a la convocatoria de elecciones parciales, con el objetivo de contar con un nuevo equipo de gobierno a los tres meses. La norma, sin embargo, pone como límite que la nueva corporación no puede tener un mandato inferior a un año. Es decir, que las probabilidades de que se pudieran celebrar nuevas elecciones son prácticamente inexistentes, ya que las municipales se celebrarán en mayo de 2007. Otra cosa bien distinta es la disolución de la actual corporación, que puede producirse en cualquier momento.
Comisión gestora
Si se diera este supuesto, el ayuntamiento estaría compuesto por una comisión gestora designada por la diputación provincial de Málaga. Este es el supuesto que no quiere la Junta de Andalucía, que considera suficiente retirar las competencias urbanísticas al ayuntamiento de Marbella. Un procedimiento que se presume largo y que puede culminar cuando el actual equipo de Gobierno esté ya prácticamente disuelto.
Ángeles Muñoz, la portavoz del Partido Popular en el ayuntamiento de Marbella, declaró a ayer a El Confidencial que la postura de Chaves hay que vincularla a lo que ha sucedido en los últimos 15 años, en los que la Junta de Andalucía nunca ha actuado de forma contundente contra las numerosas irregularidades detectadas en el municipio.
Por su parte, la diputada de IU-ICV Isaura Navarro aseguró que “debe procederse a la disolución del Ayuntamiento y crearse una gestora que rija los destinos de esa localidad” hasta las próximas elecciones municipales.
En Jaén, el presidente andaluz, Manuel Chaves, aseguró que esta actuación demuestra que "las instituciones del Estado de Derecho en España funcionan para garantizar el cumplimiento de la ley". En Marbella, dijo, “se ha visto conculcado presuntamente por las actuaciones de concejales y concejalas” y consideró “necesario” que en esa ciudad “impere la ley y se garantice el Estado de Derecho”, informa Efe.
