La Junta de Andalucía avala la disolución del Ayuntamiento y el PP pide elecciones (Fuente: el confidencial.com)
Domingo, 02 de abril de 2006
El consejero andaluz de la Presidencia, Garpar Zarrías, consideró hoy que "se dan las circunstancias objetivas" para la disolución del Ayuntamiento de Marbella, una decisión que podría pedir la Junta el martes, mientras que el PP insistió en la necesidad de convocar elecciones anticipadas.
Después de que en la madrugada del sábado al domingo ingresara en prisión la primera teniente de alcalde del consistorio, Isabel García Marcos, que comparte celda con la alcaldesa, Marisol Yagüe, el titular del juzgado número 5 de Marbella, Miguel Angel Torres, decretó también prisión incondicional para Oscar Benavente, en el marco de la operación 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento marbellí. Benavente es considerado uno de los testaferros del asesor municipal de Urbanismo y 'cerebro' de la trama, Juan Antonio Roca, también en prisión.
En libertad con cargos quedaron el hermano de Oscar Alberto, José Luis Benavente, el empresario Jaime Hachuel y otro posible testaferro de Roca, Salvador Gardoqui, acusados los tres de blanqueo de capitales, según fuentes judiciales.
El debate político tras la operación 'Malaya' contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella se centró en la posible disolución del consistorio.
En declaraciones a la SER, recogidas por la emisora en su página web, Zarrías avanzó que "se dan las circunstancias objetivas para que el Consejo de Gobierno tome la decisión" de proceder a la disolución del Ayuntamiento Marbellí, cuya gestión ha sido "gravemente dañosa para los intereses generales".
En rueda de prensa en Madrid, la portavoz del PP en el Ayuntamiento marbellí, María Ángeles Muñoz, pidió al Gobierno que disuelva la corporación municipal en el próximo Consejo de Ministros y permita las elecciones anticipadas, para que la ciudad no quede en manos de una "comisión gestora" hasta mayo de 2007, cuando están previstos los comicios municipales en todo el país.
No obstante, el presidente andaluz, Manuel Chaves, ya adelantó el pasado viernes que, "con la ley en la mano", no es posible adelantar las elecciones, ya que el nuevo consistorio se constituiría en su último año de mandato y la ley electoral determina que, en ese caso, en lugar de celebrar comicios anticipados se debe nombrar una gestora transitoria.
Muñoz acusa al PSOE de "claro encubridor" del caso
Muñoz acusó al PSOE de haber actuado como un "claro encubridor" en el caso marbellí, pero el secretario de Política Autonómica de ese partido, Alfonso Perales, aseguró en un comunicado que su formación "actúa con contundencia para restablecer la seguridad jurídica en el Ayuntamiento" y destacó que el PP votó en contra de la disolución del consistorio marbellí hasta en tres ocasiones.
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, consideró que con la operación 'Malaya' se da respuesta a "un clamor social que nos exigía que, de una vez por todas, limpiásemos de corrupción el Ayuntameinto de Marbella". Según explicó, se trabajaba en ella desde hace meses y "sabíamos que el resultado iba a ser muy importante".
De los 23 detenidos en la operación 'Malaya', están en prisión la alcaldesa; la primera teniente de alcalde; el asesor municipal de Urbanismo Juan Antonio Roca; su presunto testaferro Oscar Benavente; el concejal de Tráfico y Transportes, Victoriano Rodríguez, y el empresario Ismael Pérez Peña, propietario de dos empresas de 'leasing' de vehículos.
García Marcos ingresó de madrugada en prisión al entender el juez que había podido cometer un delito de cohecho, alteración de precios en concurso y subasta pública, fraude e infracciones ilegales. Según el auto de prisión de Roca, éste junto a Yagüe, García Marcos y dos concejales más aprobaron unas tasas de retirada de vehículos de la vía pública para pagar una deuda que tenían con el propietario de la empresa de "leasing" y diseñaron también un concurso "a su medida" para adjudicarle de nuevo la concesión de las grúas municipales.
Oscar Benavente, de 36 años, ha sido acusado de presunto blanqueo y fraude a la Hacienda Pública; según el mismo auto, Roca obtuvo "millonarias" cantidades de forma "ilícita" y, "para ocultar los delitos patrimoniales, desarrolló una complejísima estructura societaria en la que contaba con una serie de testaferros, entre los que destacaba Benavente. Este hombre fue juzgado como encubridor del atropello mortal cometido por el bailaor Juan Manuel Fernández Montoya, 'Farruquito', y absuelto por la nulidad de los "pinchazos" telefónicos.
Por su parte, el concejal de Cultura, José Jaén, quedó en libertad con cargos tras pagar la fianza de 30.000 euros que le impuso el juez, que le acusó de los delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y maquinación para alterar el precio de las cosas, informaron fuentes judiciales.
Los empresarios José Alonso Boyer y Julio de Marco también pagaron sus fianzas, de 20.000 y 12.000 euros, respectivamente.
En libertad sin fianza y con cargos quedaron el empresario Jaime Hachuel, el presunto testaferro de Roca Salvador Gardoqui y José Luis Benavente; la misma situación de otros dos de los detenidos: el secretario municipal, Leopoldo Barrantes, y el empresario Juan Miguel Saavedra.
Quedan por declarar esta tarde otro de los presuntos testaferros de Roca, Montserrat Corulla, junto con María Ursula Q.L. y Ernesto Ramón C.G.
El miércoles, debate general en el Parlamento andalúz
El Parlamento andaluz celebrará previsiblemente el miércoles por la mañana un debate general sobre la situación del Ayuntamiento de Marbella, a petición del PP, IU y PA, tres formaciones que abogan por la disolución de Consistorio.
En ese debate, Izquierda Unida pedirá a la Junta que se persone en la causa judicial abierta a raíz de la operación 'Malaya' y emplazará al Gobierno a solicitar la intervención de Interpol, ante la "certeza de ramificaciones de la trama en paraísos fiscales, como Gibraltar".
En el marco de la operación 'Malaya', coordinada por el juzgado de instrucción número 5 de Marbella y por la Fiscalía Anticorrupción, han sido bloqueadas más de un millar de cuentas bancarias, se han efectuado hasta veinte registros domiciliarios y se han incautado bienes por valor de unos 2.400 millones de euros.
El sábado, el alcalde en funciones, Tomás Reñones, aseguró que, ante la actual situación, el equipo de gobierno ha puesto sus cargos a disposición de los "organismos superiores para que se pronuncien en los términos que estimen oportunos", además de pedir "perdón al pueblo de Marbella porque no se merece la situación que está viviendo".
